• Experiencia
    profesional y confiable

  • Más de 25 años de experiencia al servicio de importantes clientes

  • Un equipo de abogados comprometidos con la excelencia

  • Soluciones integrales de acuerdo a sus necesidades particulares

 

AUDITORIAS


LEGAL Y CORPORATIVA

Mediante el desarrollo de un análisis jurídico integral, es posible determinar el estado legal en el que el Cliente realiza sus operaciones, a fin de implementar soluciones que conlleven un doble efecto:


i) el correctivo, que nos permite solucionar problemas -de forma y de fondo- que afectan hoy en día al Cliente; y
ii) el preventivo, que nos permite analizar, enfrentar y evitar oportuna y eficazmente conflictos y contingencias futuras.


Uno de los efectos de esta auditoría legal y corporativa consiste en ofrecer a nuestros Clientes la tranquilidad para trabajar dentro del marco legal vigente, para que la toma de decisiones se encuentre sustentada en hechos y análisis concretos que le permitan mejorar e innovar mecanismos que reduzcan al mínimo los efectos directos de omisiones y deficiencias legales.

Asimismo, con una auditoría legal y corporativa se ofrece a nuestros Clientes el marco jurídico necesario para las adquisiciones, fusiones, escisiones y liquidaciones de sociedades mercantiles.

 

RIESGO LEGAL

Esta auditoría se practica principalmente a Instituciones de Crédito, y análogamente a otras entidades financieras. Se fundamenta en el inciso c) del Apartado III del Artículo 86 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, y tiene por objeto revisar los objetivos, políticas, procedimientos y acciones implementados por las instituciones o entidades, para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar el riesgo legal, derivado de:

i) El incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables;

ii) La emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables en su contra; y

iii) La aplicación de sanciones por parte de las autoridades financieras, judiciales y administrativas.